Sábado , 27 Mayo 2017
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Sunat, Defensoría del Pueblo, BCR, UIF y, ahora, el Sunedu: ¿El Narcoestado en construcción?

Jaime Antezana Rivera.

PPK ofreció librarnos del narcoestado. Ese ofrecimiento, junto a otros ofrecimientos de campaña y factores, le dio el triunfo en las elecciones generales. Fue un triunfo, lo sabíamos, precario. Un triunfo antinarcoestado.

Sin embargo, como suele ocurrir en el Perú, apenas ganó PPK, este abandonó la lucha contra el narcotráfico y, por consiguiente, contra el narcoestado. Hoy, esos términos desaparecieron: Quedó en el olvido.

En ese contexto, las fuerzas que encarnaron el narcoestado no se quedaron con los brazos cruzados. Nada de eso. Han decidido, con la ingenuidad o apoyo del Ejecutivo, el copamiento de los organismos del Estado.

Así es: empezó la Defensoría del Pueblo y la entrega -en bandeja de plata- de la Sunat. Luego, con apoyo y posterior desapoyo de PPK, el Banco Central de Reserva (BCR).

Antes de copar parte del ente encargado de preservar la estabilidad monetaria del país, le dieron al Ejecutivo facultades limitadas para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Por qué limitadas? La UIF podrá acceder, con una orden de un juez, al secreto bancario y la reserva tributaria, pero no podrá dar esa información a los organismos electorales (JNE y la ONPE).

En otras palabras, la infiltración del dinero del narcotráfico y otras fuentes ilegales tendrá -como ha sido hasta ahora- el camino libre para financiar campañas electorales. ¡Viva la narcopolítica!

Y, por la revista Hildebrant en sus Trece No 324, nos enteramos que el subsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, trabajó con Cesar Luna Victoria, quien ahora asesora la UIF.

Pero ahí no queda todo. De ninguna manera. El próximo objetivo de las fuerzas del narcoestado es modificar la Ley Universitaria y tirarse abajo la la Superintendencia de Educación Superior (SUNEDU).

Usando un defecto de la ley, que el Ministro de Educación nombre al presidente(a) o que el Ejecutivo controle la institución que regula las universidades, buscan volver al pasado: que los mismos rectores elijan a uno de ellos como cabeza.

¿A dónde apunta ello? Es volver a una situación que, por la incapacidad de las universidades de autoregularse, favoreció el descenso de la calidad de enseñanza superior y la corrupción en las universidades.

El caso paradigmático fue la era Cotillo, en la Universidad Nacional de San Marcos: la corrupción desbordó, igual ocurrió en el conjunto de universidades públicas del país, llegando a niveles escandalosos de ingobernabilidad.

Pero eso es una secuela de su objetivo. Lo medular es beneficiar a las universidades privadas que, en su mayoría, son producto del lavado de activos de la droga y/o corrupción. Hay que dejarse de hipocresías y medias tintas.

Visto así las cosas, y estando pendiente el control del Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, parece que las fuerzas que están tras ese copamiento institucional han adelantado la construcción del narcoestado.

Nada es casual en esta vida. Todo tiene una lógica. Desde esa lógica, no podemos descartar que detrás del copamiento de los organismos estatales y los cambios que se están impulsando se esconda el narcoestado.

Y el narcoestado está unido indisolublemente a la corrupción estatal y no estatal. Son dos males estructurales que cuestionan y destruyen el proyecto republicano de cara al Bicentenario.

Acerca de Jaime Antezana Rivera

Consultor e investigador del narcotráfico en el Perú.

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